El aprovechamiento de las innovaciones producidas en los últimos años y la necesidad de generar un entorno más seguro y fiable para su desarrollo se encuentran en la base de la aprobación de la Directiva (UE) 2015/2366 y del Real Decreto-Ley 19/2018 que la incorpora a nuestro ordenamiento jurídico interno.

Esta norma tiene como objetivo principal crear un marco integrado de servicios de pago a nivel europeo y hacer frente a los nuevos retos y cambios planteados en los abonos realizados con tarjeta, internet y móviles, para garantizar la seguridad de las transacciones.

Esta nueva norma refuerza los derechos de los clientes, al reducirse a 50 euros la responsabilidad del ordenante por las pérdidas derivadas de operaciones de pago no autorizadas como consecuencia del robo o sustracción de un instrumento de pago.

Por otro lado, reduce los plazos de resolución de reclamaciones a 15 días e incrementa los requisitos de seguridad en la autentificación de clientes, con el fin de evitar la suplantación de identidad o el robo de claves.

El enlace a la nueva ley publicada en el BOE, aquí.

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