Qué es y a quién se aplica la Ley de Segunda Oportunidad, el salvavidas de los empresarios en crisis

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Como consecuencia de la crisis sanitaria provocada por el Coronavirus, multitud de empresarios están viendo cómo se le acumulan las deudas propias de su día a día sin poder ingresar o facturar como venían haciéndolo en sus actividades comerciales. Se cuentan por miles los comercios obligados a frenar su actividad, echando el cierre después de inyectar una cantidad de dinero que, lejos de convertirse en una mejora, ha pasado a ser una pesadilla.

Es en este contexto donde toma especial relevancia la Ley de Segunda Oportunidad, una medida que entró en vigor en 2015 pero que es ahora cuando vuelve a estar de actualidad por las oportunidades que brinda a todas aquellas personas que puedan verse acuciadas por deudas.

De hecho, aún es desconocida por muchos esta vía alternativa que, como su propio nombre indica, trata de ofrecer una segunda oportunidad a aquellas personas que han experimentado una mala experiencia empresarial y buscan escapar de sus consecuencias negativas.

 

Ley de Segunda Oportunidad, tan favorable como desconocida

El mecanismo de segunda oportunidad entró en vigor en el año 2015 y busca tender la mano a esas personas que, por unos motivos u otros, han visto cómo sus negocios no han reportado los beneficios que esperaban fruto de una inversión inicial.

De la misma forma que las empresas pueden acudir al concurso de acreedores cuando su situación financiera es insostenible, la segunda oportunidad tiene como objetivo principal que los emprendedores que hayan experimentado una situación fallida en sus proyectos puedan volver a poner en marcha nuevas iniciativas.

Hasta la entrada en vigor de esta Ley, imperaba en nuestra legislación la responsabilidad patrimonial universal, es decir, que un empresario o particular que contraía deudas por causa de sus acciones respondía de las mismas con todo su patrimonio presente y futuro, lo que en la práctica condenaba a muchas personas a vivir para siempre en una situación de insolvencia.

Se trataba, por tanto, de una verdadera apuesta, pues cada negocio se adentraba en un territorio desconocido que podía acabar en éxito o fracaso.

Resulta curioso que no haya sido hasta la llegada de una crisis sanitaria como la que azota a la sociedad por culpa del Coronavirus que esta alternativa no haya tomado la relevancia que merece, ya que gracias a ella miles de personas físicas y autónomos ven la oportunidad de saldar sus deudas y emprender un nuevo futuro, evitando el lastre económico que dejan.

 

¿Quién puede acogerse a esta Ley?

La Ley de Segunda Oportunidad está pensada para las personas físicas, esto es, todas aquellas que inician un proyecto empresarial y que no figuran como Sociedad. No obstante, también pueden acogerse a ella los particulares que, por diversas circunstancias, han acumulado una deuda que no pueden enfrentar en un determinado momento.

En definitiva, esta medida se crea con el objetivo de que todas aquellas personas que hayan actuado conforme a la ley y cuyo proyecto no ha reportado el beneficio esperado, generando una deuda inasumible, puedan contar con una segunda oportunidad.

No se trata de un ‘cheque en blanco’ que el Estado facilita a los emprendedores, ya que solo apunta a esos capaces de demostrar que, habiendo realizado todas las gestiones de su negocio en pro de su mejora y mantenimiento, no han podido evitar su desplome.

Así, la buena fe del deudor figura como primer y principal requisito. Este hecho debe estar presente en todo el proceso, el cual se dilata en torno a los cinco años posteriores mientras la persona física se somete a una constante evaluación de su actividad.

Durante ese tiempo, el sujeto debe actuar en beneficio de las otras partes afectadas, evitando renunciar a proyectos lucrativos o negándose a tomar parte en el equilibrio de dicha situación.

 

¿Qué tipos de deuda pueden cancelarse con la Ley de Segunda Oportunidad?

Generalmente, podemos distinguir dos grandes bloques entre deudas acumuladas con las Administraciones Publicas y el resto de deudas con terceros.

En la práctica se puede llegar a cancelar el 70% de las deudas con la Administraciones Publicas, aunque este extremo se encuentra en continua cuestión, pues algunos Tribunales han considerado incluso que puede cancelarse un porcentaje mayor o incluso la totalidad.

Sobre el resto de afectados, es decir, bancos o particulares, la deuda puede quedar exenta de pago hasta en el 100% de su cuantía, siempre que el deudor haya, como se explicaba, actuado de buena fe y en los próximos cinco años no haya ingresado cantidades con las cuales asumir esos pagos pendientes.

 

Plazo y coste para acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad

Siendo un proceso con muchos matices, tanto el plazo de resolución como el coste a asumir por el deudor para el trámite de su problema resulta complejo. Es por ello que desde Jurand Abogados y Consultores Tributarios se aconseja poner este problema en manos de quienes cuentan con la experiencia necesaria para tratarlo.

Con un equipo experto en consultoría tributaria, la firma profesional granadina aporta a sus clientes el asesoramiento exigido por esta situación, siempre desde la cercanía y el compromiso que requiere tan delicado caso.

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