Una sentencia dictada por el alto tribunal anula el plazo establecido para renunciar al nuevo sistema de gestión del IVA. El Tribunal Supremo, declaró nulo el Real Decreto que introdujo el régimen transitorio para el 2017 del nuevo sistema de llevanza de los libros de registro del IVA.

La planificación financiera es fundamental para el día a día de las empresas, para su liquidez y supervivencia en el mercado. Cualquier cambio en los distintos regímenes impositivos puede causar una modificación en la estrategia de las empresas.

Y, después de la sentencia del Tribunal Supremo, se abre la puerta a reclamaciones por parte de autónomos y empresas por los daños y perjuicios causados por el Estado, quién creó unas expectativas que ahora no se van a cumplir tras el fallo.

El Tribunal Supremo estimó el recursos contencioso administrativo que interpuso el Colegio de Economistas de Pontevedra contral el RD 529/2017, de 26 de mayo, por el cual se modificaba el Reglamento del Impuesto Sobre el Valor Añadido, declarándolo nulo de pleno derecho.

¿Qué es el SII?

El sistema de Suministro Inmediato de Información (SII) es el sistema de gestión del IVA basado en la llevanza de los libros registro del IVA a través la Sede electrónica de la AEAT mediante el suministro casi inmediato de los registros de facturación.

Este nuevo sistema entró en vigor el 1 de julio de 2017.

¿Cuál ha sido la sentencia del Tribunal Supremos respecto al SII?

El pasado mes de julio, la Sala de lo Contencioso del alto tribunal dictaminó la resolución que declaraba nulo de pleno derecho el Real Decreto 529/2017, de 26 de mayo, el cual introdujo un régimen transitorio para 2017 en materia de IVA.

La normativa daba la posibilidad a determinados contribuyentes a la renuncia al nuevo modelo de gestión, el SII. La entrada en vigor de esta, cogió por sorpresa a muchos contribuyentes y les dio poco margen de maniobra.

Y, quedar excluido del nuevo sistema suponía, además, renunciar a los regímenes especiales que otorgaban una serie de ventajas a las compañías.

La declaración de nulidad de dicho decreto supone que el plazo nunca existió, por tanto, las renuncias formalizadas no han sido válidas. A consecuencia de ello, los empresarios han quedado incluidos de forma automática en el SII en los ejercicios 2017, 2018 y 2019.

Una de las consecuencias de la sentencia dictada por el TS, es la posibilidad de que autónomos, sociedades y grupos de empresas puedan reclamar los daños y perjuicios colaterales sufridos.

La responsabilidad patrimonial del Estado deberá hacer frente a una importante cantidad para indemnizar a miles de contribuyentes españoles en el caso de que se produzcan las demandas.

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