UN JUZGADO DE GRANADA DICTA UNA SENTENCIA POR LA QUE ORDENA EL CESE INMEDIATO DE DOS PISOS TURÍSTICOS EN UN BLOQUE DE VECINOS

El Juzgado de Primera Instancia Nº 14 de Granada ha ordenado el cese “inmediato” del alquiler de dos pisos turísticos al considerar que es una actividad “molesta y perjudicial” para el resto de los vecinos del bloque.

La comunidad de vecinos ha interpuesto demanda contra dos apartamentos turísticos ubicados en Granada al considerar que la actividad de dichos inmuebles conlleva una actividad “molesta y perjudicial” para el resto de los vecinos del bloque. Actividad que ya habían denunciado con anterioridad y que previamente intentaron solucionar amistosamente con el propietario, sin resultados.

La resolución recoge que durante varios años de actividad los pisos han albergado a gran cantidad de personas por lo que es un hecho notorio que el uso de los elementos comunes por ochocientas personas distintas en dos años (dato ofrecido por el propio demandado) evidentemente supone un uso anormal de las instalaciones comunitarias y aunque únicamente se expresase en términos de probabilidad la de producirse daños, o un inadecuado o mal uso de los elementos comunitarios es alta, si además a ello se añade que los usuarios carecen de cotitularidad sobre éstos de modo que de su reparación o reposición no les afectaría directamente en bienes de su propiedad, el cuidado empleado no puede equipararse al de los comuneros”.

Además, indicaban que los pisos no estan preparados para este tipo de servicio lo que ocasiona ruidos, daños e inseguridad. Así los vecinos mostraban su especial preocupación por haber tenido que acudir a la policía local por fiestas e incidentes.  Preocupación que tambien habían manifestado los propietarios de los pisos colindantes que en ocasiones se veían afectados por los ruidos.

Esta claro que el Decreto 28/2016, de 2 de febrero, de las viviendas con fines turísticos y de modificación del Decreto 194/2010, de 20 de abril, de establecimientos de apartamentos turísticos ( BOJA núm 28, de 11 de febrero de 2016), que regula la inscripción de este tipo de alojamientos no soluciona los conflictos vecinales que algunos de estos pisos estan ocasionando en muchas comunidades.

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